Tras constatar que en las recomendaciones del estudio encargado por la consejería se reconoce que las zonas de pesca submarina en Canarias no tienen ningún aval científico, la ACPESUR trabaja de manera intensa en la derogación de la zonificación.
Tras 33 años de injusticia parece más fácil mantener un agravio sobre los ciudadanos que asumir las consecuencias de su puesto de trabajo, para el cual le hemos elegido los ciudadanos: restablecer un derecho que te certifican tanto la ley como los científicos.
¿Se puede intentar negociar de manera electoral con el derecho de un ciudadano para sacar rédito en forma de votos?
¿Se puede vulnerar de manera sistemática un derecho, haciendo oido sordos de parte de un colectivo que simplemente reclama lo suyo con aval legal y con los correspondientes informes de los expertos?
¿Está reñido el interés general de 6000 recreativos canarios contra 1100 profesionales cuando en toda la nación conviven de manera armónica?
¿Se puede discriminar de manera arbitraria aun colectivo sin informes preceptivos de naturaleza científica, según nos protege el artículo 14 de la Constitución Española?
¿PODEMOS IGNORAR EL ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DONDE SE ESTABLECE COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO EL MAR TERRITORIAL?
Por todas estas razones, y junto a los informes que tiene ACPESUR de las colaboraciones del IEO, más el informe encargado por la Dirección General de Pesca, se ha puesto manos a la obra y en las últimas semanas se ha entrevistado con las dos grandes formaciones que dominan el Parlamento de Canarias.
Tras mantener una serie de reuniones con los partidos que se han mostrado un poco estáticos desde el principio a derogar la zonificación, hemos llegado al acuerdo de que se podría presentar una Propuesta No de Ley de manera conjunta entre los partidos, donde se lleve de manera consensuada la necesidad de equiparar los derechos al colectivo de la pesca submarina y llevar a cabo la aplicación correcta de esta herramienta del Parlamento de Canarias.
No podemos aceptar de ninguna manera que se falte a la palabra dada por ninguno de los estamentos que así lo han reconocido y debemos exigir que los informes de los expertos sean aplicados, sin ceder a presiones externas de ningun tipo, sea el lobby que sea.
Es lamentable que sean los ciudadanos los que tengan que perseguir a los políticos para que les devuelvan un derecho, y realmente parezca que los diputados tengan que hacer un esfuerzo sobrehumano y cueste dar el paso para hacer esto. El lobby del sector profesional no puede hacer que se vulnere la constitución española con la complicidad del Parlamento de Canarias.
Queremos asegurar a nuestros socios que será el deber de ACPESUR exigir el cumplimiento de la palabra a los responsables políticos, y así lo haremos constatar de cara a las elecciones que llegarán en el plazo de unos meses, donde deberemos señalar las incidencias que así se consideren.
A su vez aprovechamos para agradecer a los representantes públicos que nos apoyan y han manifestado que participarán en la propuesta, porque su deber es legislar por el interés general y el respeto de las leyes, no por garantizarse votos y una silla caliente para continuar en un puesto en el que no se cumple como se debe.
