El privilegio de Navegar y Pescar en Canarias, solo para unos pocos
Eso es lo que están produciendo las políticas de las diferentes Administraciones Canarias; Ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria y Mogán , la Consejería de Obras Públicas, a través de Puertos Canarios, y la Consejería de Pesca.
Y, ¿cómo lo hacen?. Pues muy fácilmente, cerrando o privatizando las antiguas zonas de varada, incumpliendo claramente la Ley de Costas que obliga el acceso al mar gratuito para varar y embarcar, y obligando a los usuarios sin alto poder adquisitivo a deshacerse de sus embarcaciones o, directamente, no comprarlas.
Mientras, la Delegación de Costas sigue buscando sitios hacia donde esquivar la mirada sin que se le note mucho, porque Puertos Canarios se dedica, también, a cerrar todos los accesos posibles, Playa Blanca, Mogán, San Cristóbal, etc, regalando el uso exclusivo de las instalaciones públicas existentes a las Cofradías de Pescadores.
Esto, por supuesto, no podría ser posible sin la complicidad de la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias que es la mayor beneficiada de estas políticas y, probablemente, quien mueve los hilos de este millonario guiñol.
¿Tendría esto que ver con las decenas de millones de euros que llegan de Europa y que se dedican a subvencionar a la Pesca Profesional?, dinero que, además de al usuario final de la subvención, ayuda a mantener la estructura funcionarial de la Consejería de Pesca y a financiar ciertos Departamentos de las Universidades Canarias.
¿O, quizás, una mano negra quiere reducir al mínimo la Pesca de Autoconsumo para que los ciudadanos, en vez de pescarlo como se ha hecho históricamente, tengan que comprar a otros el necesario pescado, subir el precio del mismo en el mercado y engordar ciertas arcas privadas?
Porque, no nos engañemos, el 80% de las embarcaciones que se venden en Canarias se utilizan en mayor o menor medida para la pesca deportiva, esa actividad que mueve anualmente en Canarias unos 380 millones de euros, que siempre ha proporcionado a precio asequible alimentación saludable a la población, y que medidas como las tomadas contra las zonas de varada quieren reducir al mínimo posible.
¿Qué opinaría Hacienda de esas decenas de millones de euros que se pueden perder en IGIC, y las Asociaciones de Empresarios de que se hundan negocios, y la Consejería de Turismo y Empleo de que se pierdan puestos de trabajo?
¿Podrían aprovecharse de estas medidas los grandes lobbies para justificar la construcción de nuevos Puertos y obligar a los ciudadanos a “pasar por caja” una vez más?
¿Será, quizás, esa la causa de que no se cree el Departamento de Pesca Recreativa en la Consejería de Pesca a pesar de haber sido aprobado en el Parlamento de Canarias?
Muchas, demasiadas incógnitas que se sigue sin resolver, a pesar del paso de los años y las incumplidas promesas de los encargados de solucionarlas, Consejeros, Directores Generales, Alcaldes, etc.