Nueva reunión con el Viceconsejero y el Director General de pesca.
El pasado 27 de julio la ACPESUR volvió a mantener una reunión con representantes de la consejería de pesca, que se realizó de forma telemática y a la que asistieron por parte de la Administración el Viceconsejero (D. Alvaro de la Barcena) y el Director General de Pesca (D. Carmelo Dorta).
La reunión constaba de varios puntos para el orden del día, pero no fue posible abordar más que el primer punto.
- Derogación de las zonas de pesca submarina y nuevo estudio de la ULL
- ¿Necesidad de un director general de pesca recreativa?
- Reunión con todo el colectivo recreativo
- Control del furtivismo
- Medidas de protección para el medio
El director general de pesca reniega de los 5 estudios científicos realizados donde se analizan datos sobre pesca submarina en Canarias, alguno pagado por la propia consejería, sobre el impacto de la actividad, pese a que la administración tiene una normativa sin amparo científico, ya que la orden de 2007 no tiene en su elaboración estudio alguno de impacto de la actividad. Se ignora la aportación de un nuevo estudio que utiliza los censos visuales comparativos entre zonas sin pesca submarina y zonas de pesca submarina, no habiendo diferencia significativa entre ambas ( Universidad de La Laguna) y constatando además que hay más biomasa y los peces son de mayor talla en las zonas donde se practica pesca submarina.
Los censos visuales son una herramienta muy usada para evaluar impactos y contar biomasa. Tenemos 2 estudios de censos visuales hechos tanto por la ULL como por la ULPGC (Castro-Hernández et al., 2018) que concluyen con que la pesca submarina es una actividad que no tiene más impacto que el resto, y son descartados por el director general. Esta figura entre sus responsabilidades, según reza el Decreto 110/2018 del 23 de julio, «debe dirigir, impulsar y coordinar la pesca marítima», tanto profesional como recreativa, sin preferencias entre ellas, evidentemente cada una con sus métodos.
Aparte de esto tenemos las colaboraciones con el IEO, tanto en pesca ordinaria como en pesca de competición (Martín Sosa et al., 2018, Martín Sosa 2019), donde se alcanzan las mismas conclusiones, todo ello ignorado a su vez por el director general y lo mismo sucede con el que realiza el CSIC de la mano de (Gordoa et al., 2019). Esta situación deja en evidencia la posible necesidad de un director general de pesca recreativa, que defienda los intereses del colectivo y pueda hacer frente a las presiones que se puedan ejercer desde otros colectivos.
Como todos ya sabemos a estas alturas, la zonificación no fue puesta por justificaciones científicas y es mantenida por una mera cuestión de presión. La falta de imparcialidad y el desprecio al interés general y el derecho de los pescadores recreativos en general, y submarinos en particular es algo preocupante en el director general de pesca. Debemos recordad que con la crisis que se nos viene la pesca de recreo es una fuente de alimento para la población, auténtica soberatía alimentaria, tal y como plantea defender la actual consejería de agricultura y pesca del Gobierno de Canarias y esto lo refrenda el actual aumento de licencias respecto a años anteriores.
Se manifiesta incidencia sobre grandes reproductores por los que estamos limitados por las condiciones físicas y en volumen de capturas, mientras esos grandes reproductores son capturados por los que no tienen límite de capturas y por los demás recreativos. Una excusa bastante mala si además tenemos en cuenta que no hay en el caladero canario vedas en periodo reproductivo para ninguna especie. Tampoco es algo de lo que extrañarnos viendo que hay muchas especies sin talla mínima y algunas de las que la tienen, la tienen establecida por debajo de su madurez sexual. También existen estudios que afirman que muchas especies de peces, como por ejemplo los meros, cuando se hacen grandes salen de la orilla y buscan la profundidad, esa profundidad a la que el pescador submarino está limitado por sus cualidades físicas y donde no afecta.
Como remate de la reunión el director señaló la posible incidencia de la pesca submarina sobre el ¿¿sargo?? cosa que realmente nos hace pensar que hay un interés oculto contra nuestra actividad por el director. Nunca desde la consejería se ha definido un programa de protección de esta especie ni se ha visto en ningún catálogo de especies vulnerables, pareciendo que goza de buena salud. La IUCN la clasifica con Least Concern (Especie de baja preocupación), por lo que entendemos que es una especie objetivo bastante aceptable. Algo que refuerza este argumento es que en en el último estudio de pesca submarina del IEO (Martín Sosa et al., 2019) se le asigna al sargo un índice de vulnerabilidad intrínseco de 35 (poca vulnerabilidad), ya que las circunstancias locales de la especie pueden hacer modificar este índice por los científicos para cada caladero. Parece que se cogen los datos y cuando se analizan se intentan buscar los tres pies al gato para encontrar algo negativo aunque carezca de toda lógica.
Ya se demostró en su momento el año pasado que,viendo que la restricción para el jigging en aguas exteriores carecía de toda lógica, dicha restricción fue eliminada. Además en las disposiciones generales de dicha norma cita textualmente: «son selectivos para la captura de peces mayores, evitando la captura de juveniles y de peces de pequeña talla» cosa que es aplicable al 200% en la pesca submarina.
Por parte del viceconsejero se plantea la posibilidad de usar el foro de las RUP para poder buscar una normativa única, ya que en el resto de las RUP no existe zonificación, la pesca submarina se hace con cupos por especies y tiene una regulación bien definida y mucho más justa, pero hay que valorar que lo trámites europeos son muy lentos y sería una solución probablemente a largo plazo.
La problemática de la zonificación se ciñe a una cuestión de voluntad (querer devolvernos nuestro derecho) y presión (hay radicales que se consideran en la atribución de restringir derechos a otros ciudadanos). Necesitamos apelar a la justicia de este gobierno, que los legisladores cumplan con el compromiso que aceptaron cuando juraron el cargo y restablezcan los derechos haciendo caso a todos los informes científicos presentados.