Con la autorización de la práctica de la pesca recreativa en la Fase I todos hemos tenido la suerte de poder disfrutar del mar y sus capturas, volviendo a comer pescado fresco sin tener que pagarlo o sin «tirar de congelador». Es un gran beneficio hacer pesca recreativa, tanto para el cuerpo, por los manjares y la actividad física, como para la mente, que después de una larga reclusión necesitaba volver al mar.
Se suceden noticias de que pescadores de todos los colectivos (recreativos y profesionales) incumplen la normativa pesquera y son expedientados y sancionados. Esto es positivo en general porque se demuestra que existe vigilancia y, si esta es uniforme, el mar será custodiado. Este mar del que hablamos es un bien público del que todos nos alimentamos y donde disfrutamos, por lo que es bueno para todos.
En lo relativo a la pesca submarina, no podemos callar una surrealista cuestión: el pescador submarino es infractor donde los demás no lo son, todo ello fruto de una arbitraria normativa que fue impuesta por la presión de un lobby hace 34 años, que hoy en día sigue presionando para que no se derogue e incluso siguen pretendiendo un aumento de las restricciones con los mismos criterios que en 1986.
Nos molestan aquellos que incumplen la normativa pesquera y van incluso más allá, no teniendo reparo en desobedecer o enfrentarse a los encargados de hacer cumplir la ley. Nos molestan los excesos de cupo o las prácticas fraudulentas que se pudieran llevar a cabo tipificadas en los diferentes reglamentos… pero nos molesta tanto esa desobediencia a esas normativa pesquera, como la arbitraria existencia de zonas de pesca submarina, porque las arbitrariedades son despreciables.
Queremos dejar en evidencia que a raíz de estas acciones, que evidentemente condenamos, se está detectando que, por parte de algunos colectivos e incluso instituciones, se intenta hacer un paralelismo subliminal de comportamientos entre esos sujetos y los algo más de 6.000 pescadores submarinos, vilipendiando el buen nombre de nuestra actividad. Hacer eso es disparar con pólvora mojada, sobre todo cuando esto no está sucediendo frente a las otras acciones que se detectan de otros colectivos. Recordemos que práctica de la actividad está avalada por la FAO como la más sostenible, donde se captura la presa seleccionada sin descarte, donde el radio de acción está limitado por la capacidad física del pescador y diferentes estudios señalan que no tiene más impacto que el resto de artes que se utilizan en nuestro caladero… ¿Quién puede cumplir mejor la normativa que quién ve lo que hace?
Desde ACPESUR nos reafirmamos en en condenar los actos que vulneran la ley, y de la misma manera condenamos aquellos que instan al incumplimiento de la propia normativa, bien pidiendo el troceado de especies protegidas, haciendo transbordo de atunes rojos, manipulando y falsificando papeles en las embarcaciones o incumpliendo lo dispuesto en el decreto que regula la primera venta, así como la imprecisa cumplimentación de las notas de dicho procedimiento para evitar el fraude entre otras cosas. Creemos que todos estos actos deben ser perseguidos con la misma eficacia, además de ser publicitadas de manera igualitaria.
Seguimos reivindicando abiertamente el derecho que tienen los pescadores submarinos a pescar donde pescan los demás y seguiremos trabajando para que se produzca la restitución de este derecho, tal y como sucede en el resto del territorio nacional.
Para los que manchan la imagen de la pesca submarina con sus actos y para los que usan estos hechos para atacarla, les decimos que para los primeros se aplique la ley con contundencia y para los otros que no se puede tapar el sol con un dedo.
