Un poquito de historia sobre legislación en Canarias
Un estado de derecho se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ORDENADAS EN TORNO A UNA CONSTITUCIÓN.
El artículo 132.2 de la Constitución Española reza como sigue:
Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
Gracias a un miembro de ACPESUR se nos ha hecho llegar un recorte de periódico de 1984 donde se exponen los deseos del patrón de cofradías del momento, en el cual se pretendían recortar los derechos establecidos para los pescadores recreativos:
Dos años más tarde esta opinión del señor patrón dió lugar a la legislación que conocemos hoy en día, el Real Decreto 2133/1986 donde se definen las nuevas limitaciones de la pesca recreativa, sacadas de este «valioso estudio científico» que rige hoy en día para nosotros en Canarias.
El texto en vigor lo podemos consultar en el enlace siguiente:
El texto del Real Decreto es practicamente un calco del artículo de opinión de un empresario, dos años atrás, que usa el mar de todos para hacer negocio y para poder enriquecerse de manera más eficiente limita el acceso a los demás ciudadanos…. El derecho de los ciudadanos ha sido violado con la complicidad del político para fomentar un negocio privado, y lo que es peor aún, se sigue justificando 32 años después.
¿Pueden limitar los taxistas el uso del vehículo propio? ¿Pueden limitar las cooperativas agrículas la siembra de verduras y frutales para autoconsumo?
Lo peor de todo es que parece que en 2018 la cosa no mejora… seguimos con políticos que no legislan en base al derecho sino ante la influencia de intereses económicos y presiones de «lobbies» mientras los ciudadanos miran sorprendidos.
Se le llena la boca al político canario cuando reclama, y con razón, que se le dé la cuota a los pescadores profesionales canarios en igualdad de condiciones con el resto del territorio, y que no se ceda a presiones económicas de empresas o lobbies fuertes a nivel internacional…. y esa misma boca parece que desaparece cuando hablamos exactamente del mismo caso… el derecho de igualdad vulnerado por presiones empresariales para adueñarse de un recurso público por enriquecerse.
Esta manera de hacer «la ley», digna de una auténtica república bananera, 30 años después sigue funcionando de la misma manera y llegan a buscar la justificación de esta opinión hecha ley hace 32 años con estudios científicos «de rigor» por no ser capaces de asumir la responsabilidad del cargo que ostentan para el que fueron elegidos.
Desde esta asociación hacemos un llamamiento al orden y la cordura, tanto de la Secretaría General de Pesca y el MAPAMA como de la Consejería de Pesca y la comisión del Parlamento, para que hagan de una vez lo que no han sido capaces de corregir en 32 años de injusticia.
EL MAR ES DE TODOS Y QUEREMOS SER IGUALES AL RESTO DE ESPAÑOLES